Con la finalidad de que no sea juzgado por autoridades de Estados Unidos, abogados de Erick Valencia Salazar «El 85», presunto cofundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (GJNG), buscan por medio de amparos frenar la extradición emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en agosto del 2023.
«El 85», fue detenido por primera vez en 2017 pero a causa de violaciones al debido proceso y falta de pruebas un Juez de Distrito lo absolvió y después de que las presuntas irregularidades fueran detectadas por diversos tribunales colegiados el Juez Tercero de Distrito con sede en Guadalajara, Jalisco, emitió la resolución, tras cinco años de juicios.
«El 85», y su defensa legal buscan al día de hoy frenar su extradición a fin de protegerlo, por lo que han presentado ante Juzgados Federales diversos recursos legales alegando razones humanitarias y jurídicas en contra del acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores misma que dio luz verde a la Fiscalía General de la República para entregar al presunto narcotraficante al país vecino.
La defensa legal, señala que su cliente enfrenta un alto riesgo de sufrir violaciones a sus Derechos Humanos en caso de ser extraditado, así como posibles irregularidades en el proceso judicial en su contra debido a que la persona que se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1”Altiplano” no coincide en estatura y fecha nacimiento con la persona que busca la Corte Federal de Estado Unidos.
Sin embargo, las autoridades mexicanas por su parte han mostrado una postura violatoria al principio de inocencia y temen aplicar de manera correcta lo estipulado por el Código Penal Federal, así como a la Ley de Extradición, negando la protección y amparo de la justicia.
Después que, un Juez Federal le negó la protección de la justicia contra el traslado a Estados Unidos, para enfrentar cargos por tráfico de drogas, ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, Valencia Salazar, se inconformó ante un Tribunal Colegiado, solicitándole que la Suprema Corte de Justicia ejerciera su facultad de atracción por considerar que el asunto reviste interés, trascendencia, complejidad y relevancia.
Confía plenamente que la SCJN le brindara acceso a la justicia, garantizando, velando y asegurándose que los actos que ejecutaron las autoridades responsables son inconstitucionales y violentan sus derechos humanos.
